Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. [Inclusión parcial] – I

PREÁMBULO
I

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional provocada por el COVID-19 el pasado 11 de marzo, la rápida propagación, tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la necesidad de reaccionar de forma rápida y de adoptar medidas urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que incluye, entre otras cuestiones, limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos que ello supone para trabajadores, empresas y ciudadanos.

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Este proceso se vio reforzado con el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, que estableció, durante dos semanas, que los trabajadores que no pudiesen teletrabajar o su actividad no estuviera entre las incluidas como servicios esenciales debían mantenerse confinados en su domicilio, estableciendo un permiso retribuido recuperable para los mismos. El estado de alarma ha sido prorrogado en dos ocasiones, continúa vigente hasta el 26 de abril y está previsto proponer al Congreso de los Diputados una nueva prórroga hasta el próximo 9 de mayo.
Las medidas de distanciamiento social están siendo exitosas en la contención de la epidemia, pero tienen un impacto significativo sobre buena parte de la actividad económica, tanto nacional como internacional, así como sobre las expectativas de los agentes.
Tras la introducción de las primeras medidas de distanciamiento social, se mantuvo todavía un tono económico positivo salvo por algunos sectores como el turismo, directamente afectado por la caída de demanda internacional y el progresivo cierre de fronteras. Las restricciones a la movilidad y a la actividad que acompañaron al estado de alarma marcaron un punto de inflexión, con una caída súbita de la producción y el empleo, con importantes pérdidas de rentas para hogares, autónomos y empresas.

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Por ello, el gobierno ha articulado la respuesta a la emergencia del COVID-19 en un triple plano: sanitario, económico y social. Las medidas adoptadas en el plano sanitario de contención de la expansión del virus se han acompañado de medidas para apoyar el tejido productivo y tejer una red de seguridad para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
Así, en las distintas fases de lucha contra el virus, las normas en el ámbito sanitario para reducir la movilidad y el riesgo de contagio se han acompañado de paquetes de medidas económicas y sociales encaminados a (i) reforzar la financiación de la respuesta sanitaria, tanto en el ámbito de la atención y cuidados como en la investigación (ii) mantener las rentas de las familias y trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos, dando respuesta a la situación de los más vulnerables y (iii) garantizar la liquidez de las empresas y apoyar el mantenimiento del tejido productivo, con atención especial para las pymes.
Todas estas medidas tienen por objetivo evitar que la epidemia deje cicatrices permanentes, lastrando la recuperación, y su puesta en marcha está permitiendo mantener la actividad y el empleo en muchas empresas, que cuando se supere la crisis sanitaria, podrán retomar gradualmente su actividad.
Las decisiones tomadas y las medidas puestas en marcha están alineadas con las medidas que están adoptando los países de nuestro entorno y de acuerdo con las recomendaciones de los organismos de la Unión Europea e internacionales. El G-20, reunido el 15 de abril, acordó un Plan de Acción para coordinar las políticas y medidas económicas de los miembros, y señaló la necesidad de utilizar todos los instrumentos existentes de política económica para apoyar la economía, mantener la confianza y la estabilidad financiera, y evitar efectos negativos profundos en las economías.
En el marco de la Unión Europea se han adoptado distintas medidas para proporcionar a los países un marco más flexible para articular sus respuestas a la pandemia y se ha acordado el 9 de abril poner en marcha un paquete de propuestas, que deberían ponerse en marcha en el corto plazo para proporcionar créditos para financiar los gastos de los tesoros nacionales relacionados con la respuesta al COVID-19, en particular en el ámbito sanitario y en relación con los programas de regulación temporal de empleo.
En este contexto, tras la fase de contención reforzada dictada por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, el progreso en el terreno sanitario ha permitido volver a partir del día 13 de abril a la situación de confinamiento y al nivel de actividad económica previos, correspondientes al real decreto de estado de alarma. Como era de esperar, la vuelta a la actividad de los sectores considerados no esenciales ha permitido una leve recuperación de la actividad y una mejor evolución del mercado laboral, aunque todavía muy lejos de recuperar los niveles previos a la crisis causada por el COVID-19.
A partir de este punto, las decisiones que permitan iniciar una fase de mayor reactivación de la economía dependerán lógicamente, como ha venido haciéndose hasta ahora, de la evolución de los indicadores epidemiológicos y las recomendaciones de los expertos, y se hará en paralelo a la activación de la movilidad personal.
Con el fin de responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación de esta situación excepcional, de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir esta situación de emergencia de salud pública, se aprueba un nuevo paquete de medidas que refuerza, complementa y amplía las anteriormente adoptadas y se centra en el apoyo a las empresas y a los trabajadores.
De tal forma, este real decreto-ley se estructura en un preámbulo, 5 capítulos, 26 artículos, 15 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 13 disposiciones finales y un Anexo.