Tratamiento de datos de naturaleza penal.

1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.
2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.

Vea nuestro curso de LOPD GDD

Principales Directrices del Tratamiento de Datos de Naturaleza Penal:

1. Autoridad Competente para el Tratamiento:
   • Según la normativa, el tratamiento de datos penales solo puede ser llevado a cabo por:
     • Órganos Judiciales.
     • Administraciones Públicas competentes en el ejercicio de sus potestades sancionadoras o para la protección de menores.
     • Cuerpos de seguridad del Estado u otras autoridades con competencias similares.
2. Finalidad del Tratamiento:
   • Los datos de naturaleza penal solo pueden ser tratados para fines específicos, explícitos y legítimos. Estos fines suelen estar relacionados con la administración de justicia, la prevención de delitos o el cumplimiento de sanciones penales.
3. Prohibición General del Tratamiento:
   • Como regla general, está prohibido el tratamiento de datos penales por entidades privadas o personas físicas, a menos que exista una base legal específica que lo permita (por ejemplo, la defensa de un derecho en un proceso judicial).
4. Bases Legales para el Tratamiento:
   • El tratamiento de estos datos solo es posible cuando:
     • Existe un mandato legal que lo autoriza.
     • Es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones judiciales.
     • Se está actuando bajo el control de una autoridad oficial o judicial competente.
5. Medidas de Seguridad:
   • Dado el carácter sensible de los datos penales, deben implementarse medidas de seguridad adecuadas para protegerlos contra accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones. Estas medidas pueden incluir controles de acceso restringido, cifrado de datos y auditorías regulares.
6. Derechos de los Interesados:
   • Las personas cuyos datos penales son tratados tienen derechos específicos bajo la LOPD y el RGPD, incluyendo:
     • Derecho de acceso: Conocer qué datos penales se están tratando y con qué finalidad.
     • Derecho de rectificación: Corregir cualquier error en los datos tratados.
     • Derecho de supresión (derecho al olvido): En ciertas circunstancias, los interesados pueden solicitar la eliminación de sus datos penales.
     • Derecho de oposición: Oponerse al tratamiento de sus datos por motivos legítimos.
7. Transparencia y Responsabilidad:
   • Las entidades responsables del tratamiento deben ser transparentes con los interesados sobre cómo y por qué se están tratando sus datos penales. Además, deben poder demostrar que cumplen con todas las obligaciones legales relacionadas con este tratamiento.