El Título comienza con una declaración general de profunda implicación constitucional, pues establece que los derechos y libertades consagrados tanto en la Constitución como en los Tratados y Convenios Internaciones en los que España sea parte, “son plenamente aplicables en internet.”
La norma añade que “los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet contribuirán a garantizar” la aplicación de tales derechos.