Disposición transitoria vigésima quinta. Grupos fiscales.
- Las entidades que estuvieran aplicando el régimen de consolidación fiscal a la entrada en vigor de esta Ley continuarán en su aplicación, de acuerdo con las normas contenidas en el Capítulo VI del Título VII de esta Ley.
- Las entidades que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de esta Ley, cumplan las condiciones para ser consideradas como dependientes de un grupo de consolidación fiscal, sin que formaran parte del mismo con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley por no cumplir los requisitos necesarios para ello, se integrarán en el mencionado grupo en el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015. La opción y comunicación a que se refiere el artículo 61 de esta Ley deberá realizarse dentro del referido período impositivo.
No se extinguirá el grupo fiscal cuando la entidad dominante del mismo en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, se convierta en dependiente de una entidad no residente en territorio español por aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 de esta Ley en el primer período impositivo que se inicie a partir de dicha fecha, salvo que dicho grupo fiscal se integre en otro ya existente. En este último caso, resultarán de aplicación los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 74 de esta Ley, y la opción y comunicación a que se refiere el apartado 6 del artículo 61 de esta Ley deberá realizarse dentro del primer período impositivo que se inicie en 2015.
- Las entidades que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de esta Ley, cumplan las condiciones para formar un grupo de consolidación fiscal, sin que formaran parte del mismo con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley por no cumplir los requisitos necesarios para ello, podrán optar por la aplicación del régimen de consolidación fiscal en el primer período impositivo iniciado a partir de 1 de enero de 2015, siempre que la opción y comunicación a que se refiere el artículo 61 de esta Ley se realice antes de la finalización de dicho período impositivo.
- Los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 74 de esta Ley resultarán de aplicación en el supuesto de grupos fiscales respecto de los que la entidad dominante adquiera la condición de dependiente de una entidad residente en España, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 de esta Ley en el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015. En este supuesto, la opción y comunicación a que se refiere el artículo 61 de esta Ley deberá realizarse dentro del referido período impositivo.
- En el supuesto en que dos o más grupos fiscales deban integrarse por aplicación de lo dispuesto en el artículo 58 de esta Ley, dicha integración y, en su caso, la incorporación de otras entidades en el grupo fiscal respecto de las cuales la entidad dominante cumpla tal condición, se podrá realizar en el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2016. En este caso, aquellos podrán seguir aplicando el régimen de consolidación fiscal en los períodos impositivos que se inicien en el año 2015 con la misma composición existente a 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de que se produzca alguna de las circunstancias previstas en el artículo 67 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redacción vigente en los períodos impositivos que se hubieran iniciado con anterioridad a 1 de enero de 2015, que determine la incorporación o la exclusión de alguna entidad o la extinción del grupo.
- Las eliminaciones practicadas en un grupo fiscal en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015 procedentes de la transmisión de participaciones en entidades pendientes de incorporar a la entrada en vigor de esta Ley, se incorporarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 y les resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley.
- Competencia de la Administración Tributaria:
- Detallar las competencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que es la responsable de gestionar, inspeccionar y liquidar el Impuesto sobre Sociedades a nivel estatal.
- En comunidades autónomas con regímenes fiscales especiales, como País Vasco y Navarra, este artículo podría abordar la competencia de las haciendas forales en relación con el Impuesto sobre Sociedades.
- Distribución de Competencias:
- Definir cuál administración tiene jurisdicción en casos específicos, por ejemplo, en relación con la localización de la sede de la empresa o la tipología de la operación económica realizada.
- Resolución de Conflictos de Jurisdicción:
- Especificar procedimientos para la resolución de posibles conflictos de competencia entre las administraciones tributarias. Esto puede incluir mecanismos de coordinación entre la AEAT y las administraciones autonómicas.
- Acceso a la Jurisdicción Administrativa:
- Regulación del acceso a los tribunales económico-administrativos, como el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y tribunales regionales, para resolver disputas fiscales a nivel administrativo.
- Jurisdicción Judicial:
- Condiciones bajo las cuales los contribuyentes pueden recurrir a los tribunales contencioso-administrativossi no están conformes con las decisiones de la administración tributaria.
- Normas Internacionales:
- Si se tratan casos que implican fiscalidad internacional (por ejemplo, ajustes de precios de transferencia o conflictos de doble imposición), este artículo podría mencionar las disposiciones aplicables.
Jurisdicción Competente en Materia Fiscal
- Administración Tributaria:
- La AEAT es la encargada de la gestión del Impuesto sobre Sociedades a nivel nacional.
- En País Vasco y Navarra, las haciendas forales tienen competencia en la gestión fiscal.
- Resolución Económico-Administrativa:
- Las decisiones administrativas pueden ser recurridas ante los tribunales económico-administrativos. Esto incluye el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y tribunales regionales según corresponda.
- Jurisdicción Judicial:
- Después de los recursos administrativos, el contribuyente puede acudir al orden contencioso-administrativopara impugnar la resolución ante los tribunales judiciales.
